Habilitaciones Seguridad Privada

En España, la Seguridad Privada se concibe como complementaria, subordinada, colaboradora y controlada por la seguridad pública, de forma que su información, sus recursos humanos y materiales contribuyan a la protección y a la seguridad del conjunto de la ciudadanía.

La Seguridad Privada tiene como fines:

–  Satisfacer las necesidades de seguridad o de información de los usuarios de seguridad privada.

–  Contribuir a garantizar la seguridad pública, a prevenir infracciones y a aportar información a los procedimientos relacionados con sus actuaciones e investigaciones.

–  Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública.

Las empresas de Seguridad Privada son las encargadas de prestar los servicios de seguridad excepto la investigación privada que corresponde a los despachos de detectives privados.

Las funciones de seguridad privada se ejercen por los Vigilantes de Seguridad y su especialidad de Vigilantes de Explosivos, los Escoltas Privados, los Guardas Rurales y sus especialidades de Guardas de Caza y Guardapescas Marítimos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad y los detectives privados.

El personal de Seguridad Privada para ejercer sus funciones necesita la habilitación del Ministerio del Interior, más concretamente de la Dirección General de la Policía, excepto la de los guardas rurales y sus especialidades que corresponde a la Dirección General de la Guardia Civil.

El personal de Seguridad Privada, en sus actuaciones, está sujeto a los principios básicos recogidos en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. Presta sus servicios vistiendo el uniforme y ostentando el distintivo del cargo, y portando los medios de defensa reglamentarios. Solo puede portar arma de fuego en los servicios de vigilancia y protección de dinero, valores u objetos valiosos; de armas, cartuchería metálica y explosivos, de buques mercantes y pesqueros y de centros penitenciarios, de internamiento de extranjeros, militares, públicos o de infraestructuras críticas.

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